Nicolás Docuté, ex intendente de Pilar, fue procesado por el juez federal de Campana Adrián González Charvay que además le fijó un embargo de 100 millones de pesos y la inhibición general de bienes; es por sospechas de corrupción en la utilización de fondos nacionales para obras públicas en el municipio bonaerense. Además, el juez dictó falta de mérito para ex funcionarios nacionales y procesó a los municipales.
Al mismo tiempo, el juez González Charvay dictó la prohibición de salida del país para Ducoté, quien fue intendente de Pilar elegido por Cambiemos.
Además de Nicolás Ducoté, varios ex funcionarios de la municipalidad de Pilar fueron procesados por el delito de defraudación contra la administración pública. Por el mismo caso, Charvay dictó falta de mérito para los ex funcionarios nacionales Iván Kerr, ex secretario de Vivienda y Mariana Klemensiewicz, ex secretaria de Infraestructura Urbana del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que habían sido indagados.
El procesamiento dictado por el juez es por las irregularidades cometidas en tres cotratos diferentes firmados en 2016 por el ministerio que estaba a cargo de Rogelio Frigerio y la municipalidad que conducía Nicolás Ducoté.
Los convenios cuestionados fueron analizados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez especializado en casos de corrupción. La PIA emitió dictámenes con las supuestas irregularidades detectadas en los tres casos que se están investigando que están bajo sospecha. A partir de eso, González Charvay formuló la citación a declarar en indagatoria en junio pasado y hoy firmó los procesamientos.
“Nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores” señaló el fiscal Rodríguez al presentar sus dictámenes.
El 23 de junio pasado Ducoté declaró en indagatoria y según consta en el procesamiento a través de fuentes judiciales, el ex intendente señaló que “… la PIA realizó una investigación parcial omitiendo considerar las cuestiones técnicas y las normas de procedimientos administrativos de la provincia de Buenos Aires”. Y agregó que:”…su gestión como Intendente del partido del Pilar fue correcta y, en un todo, de acuerdo con la legislación vigente. Fundamentalmente, rechazó categóricamente que no se haya realizado una correcta distribución de los recursos girados por Nación y manifestó que se ejecutaron las acciones necesarias para el cumplimiento del mejoramiento habitacional de los vecinos de Pilar, objetivo del convenio suscripto”. Además explicó que: “… la lógica utilizada por el Ministerio Público Fiscal para analizar los procesos de la administración pública provincial era errada por no utilizar parámetros que se condigan con la ejecución de los procesos administrativos avalados por la normativa provincial”.
Tres obras públicas son las que se analizaron, en la causa que está a cargo del juez González Charvay y el fiscal federal Sebastián Bringas, para las que se derivaron fondos nacionales a la intendencia de Pilar.
El juez González Charvay en el procesamiento explicó la actuación del ex intendente y de los ex funcionarios municipales: “Nicolás José Ducoté, Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Sandra Sosa, Miguel Sergio Russo, Norberto Giulianelli, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede, actuaron en forma mancomunada, coordinada y funcionalmente, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada al primero de los nombrados, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”. De esta manera, González Charvay procesó a todos los ex funcionarios municipales considerandolos involucrados en la maniobra, además de los empresarios que recibieron algunos de los contratos.
Por otra parte, el juez les dictó la falta de mérito a Marina Klemensiewicz, Federico Matías Bustelo, Fabián Osvaldo Arias, Cecilia Irene Cabrera, María Natalia Toso, Ignacio Luis María Azarola, Marcelo Alberto Sfeir, Iván Carlos Dagoberto Kerr, Gustavo Alberto Queralt, Agustin Baldo y Tomas Bibiloni quienes también habían sido indagados.
El juez Adrián González Charvay comenzó el proceso de elevación a juicio del caso en la misma resolución en la que dictó los procesamientos y las faltas de mérito.