La justicia penal de Morón ha desestimado una denuncia presentada por la madre de un alumno del Jardín 906 de Merlo, en la que se acusaba a una docente por supuestos malos tratos hacia los niños. Según la investigación, la denunciante nunca amplió su declaración ni proporcionó pruebas adicionales para respaldar sus afirmaciones. Además, el fiscal a cargo determinó que no había pruebas suficientes para imputar ningún delito a la maestra señalada.
La denuncia, presentada en junio del año pasado, surgió con un incidente donde una niña se quejaba de dolor de estómago y la maestra suplente, a cargo del grupo en ese momento, no le habría dado importancia según el relato de la madre.
Posteriormente, la madre habría organizado una reunión con las autoridades del lugar tras contar estos sucesos en el grupo de WhatsApp de madres y padres. La mujer en ese entonces, habría agregado que su propio hijo su propio hijo, le contó que “lo encerró en el baño y le dijo que no lo iba a dejar salir hasta que no cierre la boca”.
Entre otras cosas, sostuvo que escuchó que la docente “les da un remedio a los nenes (sin dar nombres de a quiénes), les apaga la luz, los deja encerrados en la sala y les muestra un mostruo”. Al ver tanto revuelo, la directora la recibió, y replicó que nunca había recibido comentarios así sobre la maestra y se comprometió a hablar con ella.
DENUNCIA DESISTIDA
Sin embargo, la justicia concluyó que los hechos denunciados no constituían un delito penalmente punible y que, además, no se encontraron más denuncias similares por parte de otros padres o madres. Por otro lado, tampoco vieron la colaboración de la denunciante que no permitió que se entrevistara al niño para corroborar sus afirmaciones.
Es por eso que el abogado Sebastián Chouela, defensor de la maestra señalada, había pedido que se desestime la presentación en contra de ella, cosa que finalmente la justicia resolvió. El abogado defensor de la maestra destacó que en muchos casos se realizan denuncias sin fundamento y que, incluso, los denunciantes no amplían sus declaraciones ante las autoridades judiciales. Esta situación, según él, puede causar daños injustificados a los docentes, quienes quedan bajo sospecha sin pruebas contundentes en su contra.